El matrimonio paramilitares-políticos

Dic 1, 2006 | Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes

Por Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
Sin embargo, aparte de sus crímenes y responsables directos, faltaba conocer quiénes desde el Congreso y los cuarteles, los despachos municipales y los escritorios empresariales, contribuyeron a que este fenómeno se saliera de madre y terminara convertido en un remedio peor que la enfermedad. Así ha empezado una historia con tanta o más repercusión que el Proceso 8.000 del Gobierno Samper y los dineros provenientes del Cartel de Cali.

En septiembre de 2005 se realizó en Bogotá un foro convocado por Semana, El Tiempo, Caracol Radio y la Fundación Fescol en el que se debatió el fenómeno del paramilitarismo y su desmovilización. Asistieron los grandes medios de comunicación y Periódico 15 también (ver edición 78 del 1 de octubre de 2005). Pero entre tanta cámara, micrófono e invitados de primer orden, pasó un tanto desapercibida la exposición que sobre el tema hizo Claudia López, columnista del diario El Tiempo y la revista Semana.

Palabras que hoy, 15 meses después, recobran vigencia a raíz de la detención ordenada por la Corte Suprema de Justicia contra tres parlamentarios y un ex gobernador de Sucre por sus nexos con las llamadas autodefensas, y por lo que se avecina de continuar este escándalo que, según el fiscal general Mario Iguarán Arana, puede ser más grave que el Proceso 8.000 en el que fueron protagonistas el presidente Ernesto Samper y sus colaboradores: Horacio Serpa, Rodrigo Pardo y Fernando Botero, entre otros, junto a los hermanos extraditados Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Citando información de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la Policía Nacional y la Registraduría Nacional, López dijo: “Entre 1998 y 2000 en los departamentos de Antioquia,  Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y Guajira las masacres crecieron 140%, pero de ellas las presuntamente cometidas por paramilitares crecieron en 664%. Y sólo comenzaron a bajar en 2002, año en que se llevaron a cabo las elecciones de Congreso. A ellos también se atribuye el 41% del total de víctimas de los actos violentos en esas zonas. El resto fue presuntamente cometido por la guerrilla, que reaccionó con igual barbarie a la ofensiva paramilitar”.

Este fue su preámbulo para responderle al auditorio que sí es posible identificar las personas que están detrás de los grupos paramilitares. “Que no lo queramos ver o que nos de miedo llamar las cosas por nombre propio es otra cosa, pero también es cierto que hay evidencia clara y contundente”.

La consolidación política que se dio entre 2002 con la elección de Congreso y 2003, con los comicios locales, fue atípica, según López, porque por ejemplo hubo municipios donde un solo candidato arrasó con más del 70% del total de la votación. Ese panorama le llevó a concluir a López que esa es “la muestra de que ganaron la guerra y que así como tomaron el control militar y económico, lo hicieron con el control político, precedidos por una ola de matanzas y de violencia”.

La estrategia política de los paramilitares, según el estudio de López, consistió en crear unos nuevos distritos electorales que no contemplaba la ley colombiana, los cuales “fueron fruto de acuerdos de organizaciones políticas y paramilitares, que asignaron a una pareja de candidatos, uno a la Cámara y otro al Senado, algunos de los cuales eran nuevos y algunos de los cuales que provenían de organizaciones como Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Cambio Radical e incluso el Partido Liberal”.

Así fue pasando revista, región por región y entre tantos casos que citó llamaron la atención los siguientes:

“La ex representante a la Cámara por Córdoba, Eleonora Pineda, y declarada amiga del comandante paramilitar Salvatore Mancuso, dice que sus votos provienen de que ella era  concejal en Tierralta. Lo que ocurre es que cuando fue concejal en el año 2000 sacó 748 votos y en el 2002, en ese municipio sacó 11.897 votos y en el total del departamento sacó 82.000 votos… una hazaña sin duda”.

“Sucre es un departamento pequeño que ya estaba completamente tomado y no había necesidad de hacer distritos. El senador es Álvaro Alfonso García Romero (hoy detenido por orden de la Corte Suprema) y la representante Muriel Benito Revollo, que dice que sus votos provienen de su hermano que fue diputado y sacó 9.000 votos y ella sacó 24.000. Otro milagro político”.

La toma paramilitar denunciada por López tuvo un patrón que consistió en entrar a muchas zonas del país con “masacres, homicidios selectivos, penetrar la economía local, consolidar esa influencia política en las elecciones locales y regionales y además meterse en otros negocios como el chance, la palma africana, el contrabando de gasolina, etc.”.

Y con algo de ironía, la analista Claudia López concluyó que “no creo que políticos y paramilitares sean lo mismo. No creo que uno pueda comparar a Don Berna con Rocío Arias o a Eleonora con Mancuso, porque ahí había una división del trabajo…, pero para todos hay que contemplar una salida política si es que estamos dispuestos a desarrollar un proceso de paz”. La alternativa, según López, era que “estos políticos y muchos otros, deberían someterse a la Ley 782, reconocer el delito político en el que incurrieron, solicitar el indulto político y seguir haciendo política”.

¿Cuál es la razón para proponer eso? “La paz es el producto equilibrado de la verdad, la justicia y la reparación, no de la total impunidad… No tendría ningún sentido que los Mancusos y los Bernas queden limpios, y las Rocíos, Eleonoras y otros sigan quedando bajo la tacha de que algún día los puedan meter a la cárcel o señalar. Así que el sapo es muy grande, pero si queremos la paz vamos a tener que comérnoslo completo”, decía López en septiembre de 2005.

Que canten antes de soplarlos

Si la orden de captura dada por la Corte Suprema de Justicia contra tres congresistas sucreños provocó inquietud entre los colombianos y tensión entre los auspiciadores del paramilitarismo, la reciente declaración de los comandantes desmovilizados disparó de inmediato las alarmas de quienes con su dinero y complicidad permitieron que se desbordaran estas fuerzas criminales dedicadas además al narcotráfico.

Ese maridaje era un secreto a voces desde el mismo momento en que a finales de los 70 y comienzos de los 80 surgieron los paramilitares, por ejemplo, en San Vicente de Chucurí y El Carmen (Santander) o cuando se apoderaron de Puerto Boyacá con el lema escrito a la entrada del pueblo: “Territorio libre de guerrilla”.

Y en todos los casos la pregunta sin respuesta era: ¿quién está detrás? ¿cómo se financian? ¿quién los protege? ¿cómo cometen sus masacres en ciudades con tanta presencia de tropa como Barrancabermeja, sin que nadie vea nada?

Silencio que se rompió el pasado 23 de noviembre cuando Ramón Isaza, Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo y otros 15 comandantes, desde La Ceja (Antioquia) le enviaron una carta al presidente Álvaro Uribe Vélez, en la que dicen que es necesario que se conozca “toda la verdad”, pero que antes de ellos asumir el papel de “delatores”, prefieren que sus patrocinadores confiesen.

No adelantaron nombres, pero le abrieron las compuertas a la avalancha: “Pedimos públicamente a quienes fueron nuestros impulsores, colaboradores y beneficiarios directos, empresarios, industriales, dirigentes políticos y gremiales, funcionarios, líderes regionales y locales, miembros de la fuerza pública, entre otros, que nos acompañen sin aprehensión ni temor en esta tarea. No queremos figurar como delatores. Nuestra convocatoria es para que conjuntamente con nosotros, le demos la cara a un país que reclama saber la verdad de lo sucedido en esta aciaga etapa de la historia de Colombia. Es la hora de comenzar a restañar heridas y pedir perdón a partir del principio reparador de la verdad”.

Apelando a valores cristianos que nunca asomaron cuando iban a descuartizar a sus víctimas, la declaración señala: “Conocer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado en el que participamos es un derecho colectivo inalienable y un instrumento indispensable, como salvaguardia para impedir en el futuro la repetición azarosa de hechos de violencia”.

Punto en el que coinciden con las viudas y huérfanos que ha dejado su guerra contra las Farc y el Eln en la que ha caído tanta población civil, y con los expertos que insisten en que sin verdad y reparación es imposible cerrar las heridas.

Parecen ir por el mismo camino cuando afirman que: “(…) ante el vacío negligente de Estado, luchamos contra un daño que lesionaba gravemente a la sociedad, causando igualmente mucho daño. Ahora, de ninguna manera queremos que este círculo perverso que un día nos atrapó a nosotros, mañana absorba la vida de otros colombianos”.

Hasta ahora es una intención. Falta ver quiénes se atreverán a dar el primer paso al frente. Congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, intermediarios del Régimen Subsidiado, hacendados, ganaderos, industriales y también militares y policías, manzana podrida por manzana podrida o si prefieren los canastos completos, deberían apelar a su memoria y decir todo lo que saben, antes de que los computadores, los ventiladores y los soplones decidan hacer su parte y se llegue a explicación de cómo las llamadas autodefensas se convirtieron en un ejército paralelo de 31.000 hombres que merced a la Ley de Justicia y Paz máximo pagarán ocho años de cárcel por los 9.000 crímenes que se les atribuyen.

Seguramente será necesaria la creación de una Comisión de la Verdad, no sólo para evitar que se repita la historia del Palacio de Justicia que apenas 21 años después empieza a levantarse el manto de impunidad, sino porque en países como Guatemala, Chile y Suráfrica ese fue uno de los mecanismos que les permitió conocer el rostro de los asesinos, que luego debieron sacar el valor para verse cara a cara con sus víctimas y admitir sus atrocidades.

Y claro, luego será el turno para quienes durante los últimos 40 años fortalecieron por acción o por omisión a la guerrilla; pero no por complacer al presidente Uribe quien así lo ha pedido, o por sed de revancha, sino porque es una condición para que algún día este país pueda pensar en términos de convivencia y no de venganza.

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